Ensayos & Escritos

Cuatro pilares

diciembre 13, 2020 / Pro Democracia /

¿Tenemos los ciudadanos hoy la posibilidad de corregir el rumbo de instituciones claves como el Congreso de la República y elegir mejor la próxima vez; de conocer a los candidatos y sus promesas y que realmente lleguen los mejores al próximo Congreso? Creemos que no es posible.

La partidocracia vigente no lo permite. De los 24 partidos con inscripción vigente, estimamos que por lo menos 16 no pasarán la valla electoral. Y si el repudio a la clase política es mayor a lo estimado, podrían llegar a ser al menos 18 de ellos.

Lo que ya ha colapsado hace rato es el sistema de partidos políticos. Las elecciones por delegados deben desaparecer por completo. Responden a la realidad del siglo pasado. Y los remedos de democracia interna ya no los compra nadie. Al final con invitados y resultados sin carácter oficial, las listas parlamentarias las hacen a dedo. Tenemos partidos políticos que son vientre de alquiler donde se subasta el orden de la lista. Y es por ello que nuevamente tenemos en el Congreso 68 congresistas con problemas legales serios. Bajo esta metodología recurrente el próximo Congreso será más de lo mismo.

En este contexto sin elecciones primarias y sin renovación interna en los partidos políticos, el pedir una reforma o una Asamblea para discutir cambios o una nueva constitución resulta inviable. Será para que gracias a la “dedocracia” partidaria, veamos nuevamente sentados como asambleístas, a los mismos cuestionados personajes denostados por toda la población y miembros de una de las clases políticas más infames de Latinoamérica.

Plateamos por ello un orden de prelación para cuatro cambios estructurales, requeridos parar orientar la corrección a largo plazo de la profunda distorsión y asimetría entre sociedad, estado y mercados.

En primer término, que entre en vigencia la Ley N° 30998 que introdujo la figura de las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO). Se trata de las elecciones primarias universales internas organizados por la ONPE para todos los partidos políticos, el mismo día. Esta ha sido y es la propuesta central, en lo personal, la más importante elaborada por la comisión Tuesta que, pese a un Referéndum nacional de abrumador apoyo, ha sido postergada por dos Congresos sucesivos.

Si les da la gana, este Congreso podría dar pase a lo que ya fue materia de un Referéndum nacional, honrar la Constitución, la voluntad popular y que el pleno vote de una vez para que entre en vigencia el 2022 la Ley N° 30998 de elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias, para las elecciones Regionales y municipales. ¿Qué tienen que perder, si la mayoría de partidos por lo que fueron elegidos, serán borrados del mapa el 2021?

Hoy, no sabemos si se aplicará el 2022, el 2026 o nunca si el próximo Congreso lo archiva de manera permanente. No hay sanción por incumplir un Referéndum y ello lleva a otro tema de fondo que debe cambiar.

El segundo pilar plantea introducir cambios en la actual Constitución - Ley 26300 y el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, así como en la cantidad de participantes para validar una iniciativa popular como está definida por el Resolución Nº 0054-2019-JNE - en lo relativo al Referéndum, iniciativas legislativas y consulta popular para establecer penalidades serias para un Congreso que incumpla con el mandato popular expresado en un Referéndum y añadir la posibilidad de revocatoria para congresistas por incumplimiento de su promesa electoral.

El incumplimiento de ambos compromisos con la voluntad popular es una afrenta explícita al pacto social; una burla a la sociedad y por ello merece sanción explícita. Los candidatos al Congreso deberán presentar no solo una declaración jurada de bienes. También declaración jurada de la oferta electoral que formulen y se comprometan a realizar.

Y luego del cambio constitucional, elaborar una Ley de Referéndum y consultas populares reglamentada, que operativice los nuevos planteamientos constitucionales y que además permita incorporar toda la tecnología hoy disponible para el voto electrónico. Podemos realizar pagos de dinero y transferir fondos a cualquier parte del mundo con toda seguridad desde nuestro celular ¿y no podemos emitir un voto?

Sin estos cambios sustantivos para generar rápidamente una consulta popular o lograr el cumplimiento imperativo de todo referéndum, la protesta en la calle, los disturbios y desmanes serán la única expresión de los colectivos, desesperados porque una clase política de truhanes, no los representa.

Solo con los dos pilares anteriores resueltos será posible plantear como tercer pilar, una Asamblea Constituyente; con la plena garantía de poder contar, vía elecciones primarias, con una nueva clase política renovada y además, con mecanismos de consulta popular que permitan la continua praxis, aprendizaje y ejercicio de una democracia directa moderna.

Finalmente el cuarto pilar es esencial pues atañe a la libertad de mercado. El país requiere de una real ley antimonopolios. No el remedo que tenemos hoy que es un saludo a la bandera. El que la SBS o Indecopi, da igual, regule y supervise futuras fusiones es casi una broma. Ya tenemos una estructura oligopólica vigente en mercados claves, con control hegemónico y concertación de precios. Por eso pagamos hoy 20 veces el valor de las medicinas, de las tasas de crédito, retail de alimentos, cerveza y un largo etc.

En el Perú no hay libertad de mercados. Hay mercantilismo duro y puro. En realidad la tarea más importante es liberar los mercados y corregir una anomalía inaceptable en la mayoría de países civilizados.

En Estados Unidos la ley antimonopolios - Ley Sherman - tiene más de 100 años de vigencia y declara ilegal todo contrato, combinación y conspiración que limite irrazonablemente el comercio interestatal y extranjero. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, arreglar licitaciones y repartirse clientes, los cuales son punibles como delitos mayores. ¿Les suena familiar? Y estamos hablando de los Estados Unidos.

Esas son las cuatro medidas estructurales. Y en ese orden. El sistema político vigente y los grupos de interés actuales, luchan por mantener el statu quo que solo ha servido para que un 2% de empresas con banco propio, sostengan al 17% del empleo formal. El 25% restante de empresas, generan y dan empleo formal a otro 10%.

Pero el grueso del país, un 73%, es informal. Si no se corrigen las enormes anomalías de los oligopolios en nuestra economía, el Perú seguirá siendo inviable para la gran mayoría de peruanos.